El uso de productos fitosanitarios ilegales supone un enorme riesgo para ti, y un grave perjuicio a todos los niveles.
Cuando se habla del peligro que supone la adquisición y utilización de productos fitosanitarios ilegales, se suele incidir especialmente, y de forma lógica, en los efectos negativos que su uso implica para la salud de sus potenciales usuarios.
Es necesario tener en cuenta, en este sentido, que los productos fitosanitarios ilegales tienen esta consideración, precisamente, por el hecho de que no han sido sometidos a las pruebas de control y seguridad indispensables para garantizar que no suponen un peligro para personas y plantas, además de que no cuentan con un procedimiento de registro legal y renovación por parte de sus fabricantes, ya que estos son desconocidos.
Por tanto, es imposible evaluar adecuadamente su proceso de producción y trazabilidad, y no permite la detección de posibles partidas defectuosas o en mal estado, ya que se encuentran ajenos a cualquier mecanismo de supervisión y seguimiento.
Pero además de este más que considerable peligro para los propios usuarios, la presencia y utilización de productos fitosanitarios ilegales también lleva aparejados toda una serie de riesgos y repercusiones negativas para la sociedad en general, y muy especialmente en relación a los siguientes ámbitos.
Para las distintas administraciones públicas, la existencia de productos fitosanitarios no controlados pasa por ser una considerable ‘amenaza latente’ en términos de salud pública y protección del medio ambiente, además de representar un fraude fiscal cercano a los 240 millones de euros anuales.
Del mismo modo, la imposibilidad de conocer la composición real de estos productos ilegales, y sus posibles efectos para el consumo humano, afecta notablemente a la seguridad alimentaria de la población, al incrementar su riesgo de exposición a sustancias no controladas.
Esta amenaza también está presente para los propios agricultores, ya que la aplicación de este tipo de productos supone un grave riesgo para su salud y puede producir además considerables daños en sus cultivos, hasta el punto de suponer, en algunos casos, la pérdida total de su producción.
Por último, la comercialización de productos fitosanitarios ilegales genera a las empresas fabricantes que cumplen con todas las normas legales en materia de producción, almacenamiento, distribución y venta, unas pérdidas económicas de alrededor de 1.300 millones de euros al año.
Este aspecto es especialmente dañino por el hecho de que estas empresas son, precisamente, las que dedican unos mayores esfuerzos de inversión para la investigación y desarrollo de productos seguros, sostenibles y respetuosos con el entorno.
