El relevo generacional es un eslabón esencial para el presente y futuro de nuestra agricultura. Por eso, debemos hacer todo lo posible para promoverlo.
El hecho de que nuestra agricultura sea, por méritos propios, todo un referente a nivel global en cuanto a capacidad productiva, calidad y diversidad de cultivos suele llevar a una gran parte de la opinión pública a pensar, de una forma totalmente errónea, que nuestra estructura agrícola se caracteriza por la presencia de macroexplotaciones y grandes corporaciones de producción, controladas por multinacionales del sector agroalimentario.
Sin embargo, la realidad del sector agrícola en nuestro país es bien distinta a esa imagen, en ocasiones interesada, tal y como se pone de manifiesto en el hecho de que algo más de un 93% de las explotaciones agrarias en nuestro país tienen un carácter marcadamente familiar.
Además, esta presencia de la agricultura familiar adquiere todavía una mayor relevancia si tenemos en cuenta que las explotaciones familiares generan, a día de hoy, un 65% del empleo agrario en nuestro territorio, dando trabajo cada año a más de 600.000 personas.
De hecho, este es también otro de los aspectos diferenciales de nuestra agricultura en relación al resto de países que forman parte del continente europeo, en el que el porcentaje de explotaciones familiares, según los últimos datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se sitúa en un 68%.
A la vista de esta realidad, sería conveniente detenernos unos instantes a realizar una reflexión sobre la extraordinaria importancia de mantener este sistema de producción agrícola como uno de los principales motores para la economía y el empleo en nuestro país, promoviendo medidas que contribuyan a garantizar su protección y el desarrollo de un más que necesario relevo generacional, en lugar de ‘poner palos en las ruedas’ de un sector tremendamente atomizado, en el que dificultar su accesibilidad a recursos, su capacidad de decisión o su productividad podría desembocar en poner en riesgo el futuro de nuestra agricultura.
En nuestras manos está, y sobre todo en las de aquellas instituciones con competencias en agricultura a nivel nacional y de la Unión Europea, meditar sobre las medidas a tomar, y sus posibles efectos, en relación a la estabilidad de un sector estratégico para nuestra economía y, lo que es aún más importante, para garantizar el abastecimiento alimentario y el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto.
